El restablecimiento de controles fronterizos por la celebración de la
cumbre del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona ha sorprendido a
los viajeros que, desde medianoche, entran en Cataluña a través del
aeropuerto de El Prat y de la frontera terrestre con Francia. Desde hoy y
hasta el próximo 4 de mayo, el Gobierno ha suspendido temporalmente el
tratado de Schengen-que permite la libre circulación de ciudadanos de la
Unión Europea- para evitar la llegada de activistas antisistema que
supongan una amenaza para la cumbre.
“Los controles están dando resultados y están teniendo un efecto
disuasorio muy importante”, ha explicado Jesús María Gómez, comisario
del Cuerpo Nacional de Policía.
Más de 300 agentes permanecen en los
pasos fronterizos por carretera, donde realizan una inspección ocular a
los vehículos que entran en España y paran de forma aleatoria a algunos
de ellos. Tanto en las carreteras como en los aeropuertos de El Prat y
Girona, los pasajeros se han visto sorprendidos por la presencia
policial. “A pesar de que se ha informado del tema, hay muchos pasajeros
a los que les ha pillado por sorpresa. Pero en general, la gente se lo
está tomando bien”, ha defendido Gómez.
Los controles se realizan con la máxima celeridad para evitar
complicaciones de tráfico. Aun así, se han producido algunas colas, poco
importantes, en el paso de La Jonquera, el más importante entre
Cataluña y Francia por volumen de circulación. En el caso de detectar
algún elemento sospechoso, los agentes obligan al conductor a detenerse y
registran el vehículo. La policía dispone en la frontera de ordenadores
con bases de datos para detectar a personas con antecedentes, “o que se
mueven en el mundo de la algarada o antisistema”, ha añadido el
comisario.
El tratado de Schengen contempla que la libre circulación de personas
puede interrumpirse temporalmente en caso de que haya una “seria
amenaza” para “el orden público o la seguridad interior”. El
Departamento de Interior de la Generalitat catalana, pidió por carta al
Ministerio del Interior la suspensión del acuerdo para evitar la
infiltración de personas que puedan boicotear la celebración de la
cumbre. Ese mismo argumento –el riesgo de incidentes durante el
encuentro del BCE- sirvió a una juez de Barcelona para enviar a prisión
sin fianza a tres de los detenidos durante la huelga del 29-M por riesgo
de “reiteración delictiva”.
El subdelegado del Gobierno en Girona, Carles Jaume Fernández, ha
justificado la medida para preservar la seguridad de la cumbre –que se
celebrará el próximo jueves– y garantizar la buena imagen que
“Barcelona, Cataluña y España deben proyectar a toda Europa”.
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